Expertos y responsables médicos explicaron hoy en Burgos que si España sigue la estela de Países Bajos- en torno a la Ley de Eutanasia y su aplicación- en los próximos años, los profesionales médicos y sanitarios podrían atender más de 17.000 solicitudes de eutanasia en toda España, y en torno a una media de 70-80 casos en hospitales de pequeño o mediano tamaño como el de Burgos. Asimismo, pusieron sobre la mesa los aspectos más importantes de la práctica médica en torno a la aplicación de una ley que solicitaron en el último año diez personas en Castilla y León, de las cuales dos acabaron en una práctica de eutanasia en la Comunidad.
El Colegio de Médicos de Burgos acogió la jornada ‘Reflexiones sobre la Ley de Ordenación y Regulación de la Eutanasia’ en la que profesionales médicos y expertos en ética médica y biomédica analizaron la ley aprobada en 2021. Una norma que garantiza que un paciente pueda decidir cómo será el proceso final de su vida, y que implica a los profesionales médicos y sanitarios en tal decisión. Una actividad impulsada desde la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Burgos.
Fueron Agustín Zamarrón, internista, experto en Bioética, además de diputado nacional del Congreso de los Diputados, quien junto a Jose Mª Trejo, jefe del Servicio de Neurología del HUBU, y Enrique Arrieta, médico de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Castilla y León, quienes pusieron sobre la mesa los aspectos de una ley de la que se cumple justo ahora un año desde su aprobación.
Una jornada que fue presentada por el presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández de Valderrama, y moderada por Carmelo Yarritu.
“Ley que dignifica a las personas”
En el turno de exposiciones, el doctor Zamarrón reconoció que es una ley que “dignifica a las personas” en un momento tan complejo como el final de la vida y les provee de las herramientas necesarias para acabar con “un sufrimiento extremo” con la garantía de una “ley” por la que, reconoció, “ha luchado mucho en los últimos años como responsable deontológico en la OMC y como responsable político”.
“Esa situación de anhelo de llegar al fin debe de ser permitida y avalada”, apostilló Zamarrón, partidario de una ley que apuesta “por la dignidad y el derecho a decidir”, aseveró el facultativo, que consultó la citada ley. “Es una ley que concede autonomía a la persona y que repara en la dignidad del ser humano”, aseveró el doctor y diputado que entiende que la Ley de Eutanasia es una ley “totalmente garantista”.
“Es una ley que no doblega a nadie y tiene en cuenta la objeción de conciencia”, matizó Zamarrón, que entiende que es “muy dañino oponer la ley de Eutanasia a los cuidados paliativos” cuando “hablamos de una ley garantista”.
El ejemplo europeo: Países Bajos
Por su parte, el doctor Trejo puso sobre la mesa el perfil de las personas que pueden demandar la práctica de la ley y cómo hacerlo. En concreto, destacó que entre los requisitos se encuentran que la persona debe ser española, mayor de edad, obrar libremente y tener capacidad para decidir, además de solicitar una petición de instrucciones previas. Por ende, debe padecer una enfermedad imposibilitante o encontrarse en un estadio final de una enfermedad de gravedad.
En cuanto al mapa mundial de la práctica eutanásica y el suicidio asistido, explicó como en Holanda, el 4 por ciento de la población fallece de esta manera, mientras que en Estados Unidos (suicidio asistido) es apenas el 0,3 por ciento. En cuanto al lugar de práctica, explicó que en Países Bajos más del 80 por ciento de las solicitudes son asistidas por profesionales médicos en el propio domicilio, mientras que en Estados Unidos lo hacen en clínicas asociadas a los paliativos.
Según la estadística de Países Bajos, el 65 por ciento de las personas que solicitaron la práctica de eutanasia se correspondió con enfermos de cáncer, seguido de enfermedades del sistema nervioso y patologías múltiples.
Si España sigue la estela de Países Bajos, de sus 6.000 casos anuales, en España podrían ser en torno a 17.000. En un hospital pequeño como el de Burgos serían del orden de 73 al año si se trabajara como se hace en Países Bajos.
Decisión y papel del profesional médico
En su turno de palabra, el doctor Arrieta dejó claro que “es el paciente el que decide”, en base a una solicitud que estudia una comisión de garantías que evalúa la situación del paciente y su caso en particular. “Es un proceso largo que en el menor de los casos se dilata de media más de dos meses desde la primera solicitud hasta que se evalúa en la Comisión”, apostilló el experto, quien destacó que en ocasiones se dan casos de pacientes que demandan la petición sin cumplir los requisitos y en otros casos se dan “peticiones auténticas”.
“Lo importante es escuchar todas las peticiones y escuchar a todos los pacientes”, aclaró Arrieta, que dejó claro que los profesionales médicos que trabajan en los procesos son los encargados de dotar de información y herramientas a los solicitantes.
En cuanto al papel del médico, indicó que en los casos en los que el profesional no sea objetor de conciencia, el facultativo debe acompañar al paciente en todo el proceso y además afrontar el trámite burocrático que acompaña al momento. Asimismo, recordó que la Gerencia Regional de Salud dispone de unidades de apoyo para este momento profesional.